Son frecuentes los datos de observatorios estadísticos sobre la situación laboral de las personas con discapacidad
en nuestro país, los cuales aseguran que aún en estos tiempos difíciles para el empleo; el número de contratos
laborales a personas con discapacidad ha ido en aumento.
Lógicamente no voy a poner en duda esos datos estadísticos porque están basados en el número de contratos a personas
con discapacidad que han sido registrados en las oficinas de empleo, pero si quiero hacer una reflexión sobre todo ello
en base a la siguiente pregunta:
¿Por qué no reflejan esas estadísticas cuántos de esos trabajadores discapacitados tienen un alto grado de limitación?
Considero que las estadísticas deberían de reflejar el número de contratos realizados según los grados de discapacidad.
Por ejemplo especificando cuantos de esos contratos pertenecen a:
- Personas con discapacidad mínima de 33%.
- Personas con discapacidad entre un 60% y un 75%.
- Personas con discapacidad superior a un 75% .
Tales datos nunca son reflejados en estadísticas y noticias, porque curiosamente resulta que la mayoría de contratos
realizados a personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario de nuestro país, corresponden a trabajadores con un grado mínimo
de discapacidad (33%), ya que el nivel de exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social de la que se benefician
los empresarios que realizan estos contratos, es similar en el caso de contratar a un trabador con grado mínimo
de discapacidad que en el caso de contratar a otro con un grado alto de discapacidad, por lo que siempre suelen optar
por elegir a las personas menos limitadas.
En la actualidad, son muy pocas las empresas ordinarias que se interesan y esfuerzan en ofrecer empleo a trabajadores
con alto grado de discapacidad, de modo que se sigue fomentando el tópico de que la mejor opción laboral para las personas
con gran discapacidad son los Centros Especiales de Empleo.
En cambio, no puede decirse que tal solución sea precisamente una óptima forma de integración socio-laboral, porque
si una persona con severa discapacidad ha estudiado una carrera universitaria, lo lógico es que por Ley se le faciliten
las cosas para que con unas medidas de apoyo eficientes y adecuadas, pueda trabajar ejerciendo su especialidad
en una empresa ordinaria o en la administración pública.
Quiero incidir también en que en estos tiempos de crisis, existen muchísimas personas con picaresca que hacen lo indecible
para lograr a cualquier costa un certificado de discapacidad con grado mínimo a fin de poder participar en los cupos
de discapacitados que se ofrecen en las ofertas de empleo público.
También se dan casos de empresarios que para cumplir el cupo de trabajadores con discapacidad que les exige la Ley,
buscan a trabajadores con grado mínimo de discapacidad para realizar funciones que realizan trabajadores sin discapacidad,
con la única picaresca de eximirse del pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Por todas estas cosas, las estadísticas pueden aparecer dando unos datos de aumento de contratación a personas
con discapacidad que no reflejan la realidad. Esta realidad es que las personas con un alto grado
de discapacidad, en la segunda década del Siglo XXI seguimos estando mas excluidas que nunca de una oportunidad laboral
en el mercado ordinario de trabajo.
Las estadísticas y noticias que se publican en España sobre contratación laboral de personas con discapacidad,
deberían de reflejar sus datos por grados de discapacidad.
«Nombrar mal las cosas es agravar la desgracia del mundo».
A. Camús.
Enrique G Blanco.
Proyecto social pedagógico Abedul. Enero de 2014.