Cuando existe una situación de compleja convivencia entre miembros de una unidad familiar,
de cuyo entorno "depende" una persona discapacitada que es ajena a dichos conflictos;
es indudable que la situación "como dependiente" puede afectarle seriamente,
generando en la persona un serio perjuicio que afecta muy negativamente a su estado de salud
y a la tranquilidad que necesita su discapacidad, enfermedad o condición.
Cuando lejos de solucionarse el conflicto, éste se va degradando y la persona "dependiente" se siente cada vez mas afectada por la situación; puede ocurrir que tras permanecer muchos años sometida a ese sufrimiento, comience a padecer problemas de falta de descanso, de concentración.., una constante intranquilidad que le puede llegar a afectar incluso a nivel psicológico, derivando además en secuelas físicas que generen un agravamiento de su limitación ó enfermedad.
En estos casos, la persona discapacitada “dependiente” de ese entorno, puede llegar a decidir presentarse en una comisaría de policía o en unos juzgados para poner una denuncia por cuanto está sucediendo entre los miembros de su unidad de convivencia, puesto que le está afectando seriamente. Pero se encuentra con que si la denuncia no está basada en unos hechos en los que "es parte implicada del conflicto", o sin serlo, haya sido como mínimo agredido físicamente; la denuncia no tiene validez alguna, ni es sostenible jurídicamente. Ni siquiera cabe la posibilidad de que pueda ser tramitada como "mal trato psicológico" al no ser el discapacitado denunciante parte directa implicada en el conflicto.
¿Que ocurre por tanto en estos casos?
La solución en estos casos, solo cabe cuando una de las partes implicadas en el conflicto (la víctima directa) presente una denuncia contra la otra parte. Pero si ello no es así; la persona con discapacidad (dependiente de esa unidad de convivencia), aun presentando una denuncia por la situación que sufre en su entorno, no tiene posibilidad de que sea atendida "al no ser parte implicada en el conflicto".
No obstante, siempre cabe la posibilidad de que un letrado pueda redactar y tramitar adecuadamente una demanda por una problemática de este tipo, acompañada de pruebas fehacientes, como pueda ser un completo informe de la situación y en el cual, participen trabajadores sociales que hayan podido conocer el conflicto mediante las constantes atenciones y visitas que por esa causa haya podido recibir la persona con discapacidad “dependiente de esa unidad familiar en la que existe el conflicto”. Así como informes médicos por esa misma causa, como puedan ser del medico de familia, al que haya acudido el afectado pidiendo ayuda. O bien profesionales de la salud mental, tales como psicólogos y psiquiatras a los que el afectado también haya acudido para relatar su situación durante un periodo amplio de tiempo. Quedando demostrado con todo ello, que el conflicto no es algo puntual o inexistente, sino que es algo perdurable y real que está mermando o ha mermado la salud física y/o mental al afectado.
Tan solo en ese caso, presentando todas esas pruebas, cabría la posibilidad de que una denuncia de este tipo pudiera ser debidamente considerada en un juzgado, y lo que es mas importante: "que pueda ser reconocida" como un maltrato psicológico sufrido de forma indirecta por un afectado dependiente, que sin ser parte implicada, sufre las consecuencias de un conflicto entre varios miembros de una unidad familiar de la que por su grado de discapacidad depende.
He de resaltar que en los casos de discapacitados psíquicos, la situación puede ser aún mas grave y por tanto su solución mas difícil, por no decir imposible si no lo previenen y observan los servicios sociales. Ello es debido a que a estas personas, no les es fácil ni tan siquiera ser escuchadas con seriedad ni ser dignas de credibilidad cuando plantean situaciones de este tipo que puedan estar sufriendo en soledad y durante años.
Cuestión aún mas compleja son las medidas de protección y recursos que un juzgado pueda dictaminar en caso de reconocer a un discapacitado denunciante; que efectivamente, está padeciendo indirectamente una situación insostenible en el entorno del que "depende", la cual le está afectando muy negativamente a su desarrollo personal, estado emocional, etc… Los recursos sociales para paliar situaciones así, aún no han sido previstos convenientemente, de modo que son pocos e inadecuados. Y ante tal panorama, pocas soluciones eficaces podrán aportar los magistrados que admitan a trámite estos problemas y resuelvan a favor del afectado cuando sea el caso.
Probablemente, hoy por hoy la solución mas viable siga siendo el ingreso de la persona dependiente en una residencia, lo que paradójicamente no deja de ser similar a "enviar a prisión a la víctima para protegerla del entorno agresor".
Es importante incidir en que la escasa puesta en práctica de unos derechos sociales del discapacitado, bajo una visión que favorezca verdaderamente su vida independiente y "no dependencia" por tradición de los núcleos de convivencia familiares de padres, hermanos, etc.., cuando la persona ya es adulta y tiene plenas facultades intelectuales..; no está contribuyendo a posibilitar unas óptimas soluciones a estos casos, ni a que quienes los padecen, puedan optar por una forma de vida "independiente" sin llegar a verse en la triste necesidad de denunciar la privación de derechos, dignidad y carencia de desarrollo personal que ese tipo de conflictos les generan.
No hay que olvidar que existen personas discapacitadas "dependientes" de unidades familiares de convivencia, las cuales son mayores de edad y tienen plena capacidad jurídica. Cuando se dan estos conflictos en las unidades familiares, no les queda mas remedio que padecerlos en soledad, sin encontrar alternativas propias. Y ello es así, lamentablemente debido a la imposibilidad de procurarse unos recursos propios debido a su discapacidad y a las barreras sociales que ésta les supone, así como por la insuficiencia de prestaciones sociales dignas, de servicios de calidad holgados para la dependencia, programas de viviendas sociales, etc... Puesto que si se diera una economía holgada para toda persona con gran discapacidad cuando es adulta y posee plena capacidad jurídica (con independencia del status económico de su unidad de convivencia); la solución ante estas situaciones, consistiría sencillamente en independizarse y "vivir una vida propia".
