Artículos y opiniones sobre discapacidad. Proyecto Abedul.

Discapacidad y dependencia.

Los malos tratos psicológicos hacia las personas con gran discapacidad en su entorno.
Causas del maltrato, efectos y prevención. Perfil del maltratador.

Las personas con severa discapacidad "dependientes", son por sus propias características un colectivo muy vulnerable e indefenso frente a la existencia de un mal trato psicológico "real" por parte de sus cuidadores.

Por ello y dado que en tales situaciones no cabe a penas posibilidad de defensa por parte del afectado, he considerado importante hablar de las dificultades con las que éste se encuentra para poder resolver o denunciar los hechos.

El mal trato psicológico es una circunstancia que a veces es muy difícil de detectar desde el ámbito exterior de la unidad de convivencia y a menudo difícilmente denunciable por parte del discapacitado que lo sufre, porque incluso cuando tramita una denuncia el mismo afectado es muy difícil para él justificar y aportar pruebas fehacientes ante un tribunal, ya que es algo que no deja huellas físicas. Con frecuencia en estos casos, incide una mala convivencia entre personas del mismo entorno.

A menudo, allegados o personas próximas a la familia conocen la existencia de un trato "inadecuado" al discapacitado, siendo frecuente el hecho de que no quieran saber nada y aún menos mediar y profundizar sobre las causas o lo que está pasando porque a fin de cuentas piensan que son cosas de la familia de «puertas para adentro», de modo que comúnmente el afectado tampoco tiene el apoyo de otros familiares o amigos, ni tan siquiera como mediadores ante la familia.

Por otro lado, este tipo de mal trato es difícil que sea denunciado por la víctima cuando es causado por la misma persona o personas que atienden o conviven con el discapacitado, ya que el hecho de esa dependencia causa con el tiempo una sensación similar al «Síndrome de Estocolmo», que es aquello que sufren quienes por ejemplo han estado mucho tiempo secuestrados "llegando a sentir afecto hacia quienes depende o ha dependido su vida". En el caso que nos ocupa, la víctima crea en su interior la sensación de que es él mismo como discapacitado dependiente quien provoca ese comportamiento del agresor cuidador, sin tener una percepción de que lo que está ocurriendo es algo anómalo.

Dicho conjunto de factores, unido al aislamiento y soledad interior del afectado, van causando con el tiempo una mella muy grave en el afectado. Un hecho que le hace perder su auto estima y capacidad para auto valorarse, máxime porque siendo consciente de que padece una gran limitación; las humillaciones y menosprecios del agresor o agresores, le terminan provocando un sentimiento de «no valgo para nada» ó «no soy ni seré capaz de hacer nada». Ello va anulando en el afectado incluso la capacidad de pensar, de estudiar, de concentrarse, de descansar o inclusive de trabajar, pudiendo incluso causar un trastorno psicológico que requiera atención en psiquiatría.

Con frecuencia, el perfil del cuidador que trata de forma humillante e inapropiada a un discapacitado dependiente, se adecua al de una persona que debido a su escasa formación, cultura, nivel educativo u otros factores sociales visualiza al discapacitado como "un ser inferior", actuando probablemente sin una premeditación de maldad, sin ser consciente del daño que causa a la persona, porque en su finalidad pretende conseguir que dicha persona no se desarrolle, no evolucione y continúe en un estado de aislamiento o de exclusión que desde su punto de vista educativo es "el papel social que le ha tocado vivir y al que ha de resignarse".

La persona que trata de modo irrespetuoso y humillante al discapacitado, con frecuencia se esfuerza por tratar de convencer a las personas del entorno exterior próximo a la víctima del complejo o extrovertido carácter del discapacitado, logrando convencer de que la víctima es una persona socialmente difícil. En el mejor de los casos, todo ello suscitará dudas a las personas del entorno próximo, originando que terminen apartándose del afectado y de la familia sin preocuparse de mas, ya que la sociedad tristemente aún tiene una visión «subconsciente» del discapacitado como una persona en inferioridad de condiciones sociales al resto de la ciudadanía, alguien «problemático» que no es como los demás. Esta circunstancia social es un factor mas en contra de la víctima.

Aspectos como el derecho del discapacitado dependiente a elegir una vida independiente, con quien y como desea vivir, su derecho a la vida en pareja, el acceso a la sexualidad.., y otra serie de factores similares que se contemplan en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que recientemente ha sido adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), así como por otros tratados y acuerdos internacionales http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/draftconvention.html es algo en todo punto inadmisible, ilógico e intolerante para el cuidador maltratador, y por tanto utilizará todos los medios posibles para evitar el progreso de la persona afectada.

Es muy difícil que en estos casos exista algún tipo de denuncia por parte de la víctima, sea cual sea el trato degradante que reciba, máxime porque la víctima "acepta con comprensión y desde su propia autoestima ya diezmada" que ello es fundamentalmente un problema cultural de dicha persona que lo maltrata.

Evidentemente, existen otros perfiles del cuidador que maltrata cuyo carisma pudiera ser mas delictivo y en toda regla digno de ser objeto de denuncia policial dado que su fin único es el hecho de disfrutar haciendo daño premeditadamente, pero este aspecto pertenece a otro ámbito en el que no me considero con formación para poder dar una opinión. En esta ocasión nos ceñimos únicamente al mal trato psicológico "real".

En cualquier caso, las consecuencias que padece la víctima son la indefensión, daño moral y desaparición de su auto estima provocada por un trato degradante. Y lo que es mas grave, la incomprensión social y falta de apoyo institucional para solventar el problema.

Los servicios públicos de salud mental (psicología y psiquiatría) debieran de poseer frente a casos de personas con gran discapacidad que se acercan a ellos dando queja de tales situaciones; unos programas especiales mediante el seguimiento periódico y personalizado a cada afectado por parte de profesionales de la psicología y el trabajo social, para la detección de un posible trato degradante o inadecuado en su entorno. Unos programas, en los cuales se profundice y se solicite de modo oficial la participación de todos los miembros de la unidad de convivencia, dando como resultado unos informes y conclusiones que puedan ser determinantes ante otras instituciones como Servicios Sociales, quienes a partir de aquí puedan comenzar a ayudar a la víctima para el logro de una vida independiente (vivienda social, medios adecuados de asistencia personal conforme a su discapacidad y grado de dependencia, etc..,) lo que posibilitará que la víctima recupere su dignidad como persona, salga del problema y pueda adquirir su verdadera integración social.

Pero si por el contrario, no existe preocupación ni interés por parte de los departamentos de psicología pertenecientes a la sanidad pública ni de los departamentos de trabajo social por investigar "en profundidad" éstas situaciones a pesar de incluso ser conocedores de las mismas, no trasmitiéndolas a estamentos superiores y a los órganos de servicios sociales correspondientes y estos últimos ignorar y no dar soluciones eficaces al problema, limitándose únicamente a aconsejar al afectado: «Bueno, nosotros no podemos hacer nada, no es nuestro acometido, le sugerimos que denuncie los hechos ante un juzgado, ó tenga paciencia, aguante un poco que no será para tanto...», en definitiva; ¡búsquese Vd la vida!... Resultará entonces que lejos de colaborar en solucionar el problema a la persona que padece esta problemática, se le continuará agravando aún mas:

Hemos de decir que ante un mal trato psicológico "real", la víctima siente además de impotencia e incomprensión social.., una vergüenza terrible cuando su única solución debe de pasar por denunciar los hechos, ya que entran en juego varios factores personales de tipo ético planteándose:

- ¿Cómo voy a denunciar a quien me cuida?
- Aunque me trate mal... ¡Es quien al fin y al cabo carga diariamente con todo mi problema!, pues a nadie mas importo.

La soledad y desprotección del discapacitado que sufre tratos irrespetuosos y degradantes es inmensa. A menudo suele sucederse durante un período muy prolongado de tiempo, puede producirse durante años, desde la infancia, o incluso perdurar toda una vida sin ser detectado por nadie, e incluso sin que la misma persona que lo sufre sea consciente de ello porque con el paso de los años en esa situación, la persona llega incluso a la perdida total de la dignidad y la autoestima, perdiendo la conciencia de lo que le está ocurriendo y del por qué le está ocurriendo.

Incluso en las peores situaciones de malos tratos psicológicos, surgen influyentes valores de tipo ético e incluso a veces religioso que son propios de la personalidad de cada individuo, impulsando a la persona a resignarse y continuar sufriendo en soledad porque siente que podría ser mayor el mal que va a causar que el alivio del que se va a librar.

A menudo, la persona con un alto sentido religioso, es consciente del gran daño emocional que probablemente se causaría a si misma en su interior si llega a iniciar y desarrollar un proceso judicial (que en determinados casos donde no hay premeditación no es lo mas adecuado).., con testificación de los implicados, que son los mismos miembros de la familia, dudas, miedo e incertidumbre sobre las soluciones que pudieran adoptarse por parte del tribunal (cuando además se sabe que actualmente, no hay flamantes medidas sociales alternativas "eficaces y dignas" en este sentido, mas allá del internamiento en un centro para discapacitados).

Por todo lo expuesto, las personas con discapacidad dependientes con mayoría de edad y capacidad jurídica, debieran de encontrar la máxima atención por parte de aquellos profesionales del trabajo social a quienes planteen su deseo de iniciar una vida independiente. Y por supuesto hallar recursos reales por parte de los servicios sociales mediante sólidos programas que dispongan de la posibilidad (real y efectiva) de ofrecer a "todas las personas dependientes" con mayoría de edad, plena capacidad jurídica y capacidad de organización personal; la opción de una vida independiente en un hogar propio, como alternativa a vivir obligadamente y contra su voluntad "por mera necesidad" bajo la tutela de personas o unidades familiares de parientes o progenitores, a causa de la falta de recursos y medios económicos propios.

Tristemente hoy todo ello sigue siendo así, y sirva el siguiente ejemplo: Un discapacitado español mayor de edad que cobra una prestación no contributiva, depende de las rentas de la unidad de convivencia para dicho cobro. Pudiendo serle denegado el derecho a recibir tal prestación cuando esa unidad familiar de la que depende (domicilio de padres o hermanos), sobrepasa unos recursos económicos mínimos que están estipulados por ley. En tal caso, la prestación le es suspendida al afectado y pasa a ser concedida al cabeza de la unidad familiar de convivencia en concepto de «discapacitado a cargo». Este tipo de discriminación, es una de las primeras cosas que se debieran de extinguir para comenzar a reconocer a la persona discapacitada el derecho a su integridad, a sentirse persona y no "un objeto inerte o un gasto" por el que familiares reciben un dinero o les desgrava hacienda. Y quizás en este detalle tan triste, hallemos otro mal trato "disimulado y encubierto" por parte de la sociedad hacia las personas con discapacidad, "quizás el primero que debiera de cambiar para dar ejemplo a la sociedad".

El hecho de denegar a una persona con gran discapacidad mayor de edad y con plena capacidad jurídica la solicitud de una subvención o ayuda para material orto-protésico, una vivienda social o una prestación no contributiva, debido a que los ingresos económicos de su unidad de convivencia (conviviendo con padres o hermanos), superan un determinado baremo mínimo estipulado por ley o poseen algún bien inmobiliario, es un factor discriminatorio hacia la persona con discapacidad y su prosperidad.

Y así podría detallar otras muchas barreras que de algún modo, contribuyen también a que el mal trato continúe existiendo en tanto y cuanto no facilitan la posibilidad de independencia de la persona con gran discapacidad mayor de edad con plena capacidad jurídica.

Es imprescindible que tanto los organismos públicos competentes en materia de asuntos sociales, como los diferentes órganos de gobierno y grupos políticos tengan en cuenta los problemas que aquí se detallan con el fin de adoptar cuantas medidas y legislaciones consideren oportunas para solucionar esta problemática que es causa de tantísimo sufrimiento, falta de prosperidad y «a veces» privación de los Derechos Humanos mas fundamentales en las personas con grandes discapacidades.

 

Enrique G Blanco.
Enero de 2007, (actualizado en 2011).
Proyecto social pedagógico Abedul.