Dificultades de los grandes discapacitados para la realización de
los trámites necesarios en la renovación anual de
prestaciones y solicitud de ayudas sociales.

Experiencias y soluciones para mejorar.

Las personas con gran discapacidad que dependen de prestaciones sociales, deben de presentar todos los años gran número de documentación ante las administraciones correspondientes para la renovación de tales ayudas. Para ello, en cada solicitud de renovación (derecho a pensión no contributiva, ayuda de transporte, etc...), además del formulario debidamente cumplimentado, se exige al interesado que dicho documento vaya acompañado de una gran diversidad de certificados pertenecientes a distintas administraciones públicas: Un certificado del Ministerio de Economía y Hacienda, otro certificado del ayuntamiento haciendo constar el empadronamiento, otro certificado del Instituto General de la Seguridad Social, otro certificado de la entidad bancaria e incluso otros mas dependiendo del tipo de ayuda.., y para ello, el discapacitado o sus familiares deben previamente de ir a solicitarlos a cada administración.

Posteriormente, debe de entregar todo "debidamente cumplimentado" ante la administración donde se solicita la renovación, sin olvidar las fotocopias del DNI, de la tarjeta de la seguridad social, etc.., Y todo ello dentro de los plazos señalados, ya que si por cualquier causa no es posible entregar la solicitud dentro del período establecido, la solicitud se considera no presentada y la ayuda denegada.

Todo este papeleo que supone viajes a varios lugares, normalmente distantes unos de otros (sobre todo en las grandes ciudades), incluso padeciendo barreras arquitectónicas de accesibilidad.., supone una grave dificultad y a veces imposibilidad para quienes padecen una discapacidad derivada de movilidad reducida. Aún mayor para quienes residen en pequeñas poblaciones, al verse obligados a desplazarse a la capital de provincia, lo cual no siempre es sencillo por falta de transporte adaptado.

En ocasiones, todo este trajín debe de repetirse incluso mas de dos veces al año si los plazos de solicitud de las diversas ayudas que se solicitan o renuevan no coinciden próximos en fechas, pues los certificados que se requieren, aún en el supuesto de presentar compulsas de los originales, suelen tener una validez de no mas de tres meses, con lo que un certificado emitido en enero, no tiene validez ante otra ayuda solicitada por ejemplo en septiembre (es el caso de los empadronamientos, justificantes de cobro de pensiones, de situación laboral, etc..,).

Toda esta abrumante burocracia cada vez que se requiere renovar o solicitar una ayuda que es concedida al afectado por "derecho" dada su discapacidad o enfermedad, implica una gran barrera incomprensible que en mas de una ocasión culmina en la no solicitud de dicha ayuda.

¿Que ocurre cuando el interesado no tiene posibilidades de solicitar personalmente estos documentos que se le requieren? debido al tipo de discapacidad que padece, o incluso por la imposibilidad en su desplazamiento (caso de muchas personas con silla de ruedas que residen en poblaciones sin transporte público adaptado para poder llegar a la capital de provincia donde deben de realizar la petición de los certificados y presentar la solicitud). Pues en estos casos, ocurre normalmente que tiene que pedir ayuda a un familiar, amigo, etc.., que pueda "hacerle el favor" de tramitarle todo ello. Ya que la tan añorada figura del asistente personal, aún es una utopía lejana en España.

De modo que ocurre con frecuencia, que existen personas con gran discapacidad que también carecen de quien pueda realizarles dichos trámites, dado que sus familiares o conocidos son mayores y no pueden desplazarse, o bien son jóvenes y trabajan, no pudiendo dedicarse a realizar tal cantidad de solicitudes.

Sirva añadir que para colmo de males, dichos trámites burocráticos, solo pueden hacerse en horarios de mañana, que es cuando normalmente todas las personas están trabajando. Así es que, en tales casos ocurre que muchos afectados con gran discapacidad, no tienen posibilidad de solicitar ni disfrutar de la totalidad de las ayudas a las que tienen "derecho". Sufriendo en un riesgo permanente de perder fácilmente la renovación de las que vienen utilizando.

Añádase a todo ello, la nueva modalidad en tiempos de crisis a la que se han acogido algunas administraciones, por la cual "consideran no tener obligación de informar a los beneficiarios de la fecha y plazo para solicitar tales ayudas o su renovación anual", con lo que además, la persona con gran discapacidad también tiene ahora que leer diariamente el Boletín Oficial del Estado o el de su Comunidad Autónoma si quiere enterarse de la fecha en la que se abre el plazo de solicitud o renovación de las mismas. Como ven, todo un ejemplo de contribución y colaboración con los derechos, igualdad y estado de bienestar de las personas con severa discapacidad.

Por ello, sería muy conveniente que desde las administraciones públicas, los organismos gubernamentales y las organizaciones políticas, se tomase conciencia del problema y se tratase de encontrar una solución, eximiendo a los solicitantes “con gran discapacidad” de toda esta carga burocrática tan absurda en unos tiempos en donde todo está informatizado, pudiendo resolver el asunto de las siguientes maneras:

1- Realizando la comprobación de los datos de aquellos certificados que se requieren, mediante proceso informático por parte de la administración que otorga la ayuda, sin necesidad de pedir copia en papel de tales documentos al interesado.

2- Garantizando a todo solicitante con condiciones de “gran discapacidad” la información correspondiente a los plazos de solicitud y renovación de las ayudas a las que tenga derecho, así como la tramitación de dichos documentos por parte de un trabajador social o voluntario perteneciente a la administración pública, cuando el discapacitado no pueda desplazarse personalmente, cosa que actualmente no existe ni se garantiza a ningún afectado.

Esto es algo mínimamente justo y necesario que debiera de garantizarse en un Estado de Derecho a todas las personas que padecemos una gran discapacidad.

 
Enrique G Blanco.
Febrero de 2007, (actualizado 2011).
Proyecto social pedagógico Abedul.

Otro ejemplo:

Respecto a la Ley de Dependencia aprobada el año 2007 por el Gobierno de España, y que gestiona cada Comunidad Autónoma; no comprendo porqué todos los afectados que estamos ya reconocidos oficialmente mediante el correspondiente certificado de minusvalía expedido por dichos organismos públicos, no somos citados para pasar la respectiva evaluación, en vez de tener que ser nosotros mismos quienes tengamos que dar vueltas y vueltas rellenando formularios de ventanilla en ventanilla para solicitar tal evaluación.

¿Acaso no saben las administraciones que tenemos un alto grado de discapacidad? Y si esa nueva Ley es un derecho que nos corresponde por nuestra situación ¿Porqué no nos la aplican directamente a quienes ya estamos en sus bases de datos con nuestro correspondiente certificado oficial mediante una citación por carta certificada con día y hora para ser evaluados?

Creo que es una mínima atención que merecemos quienes en nuestra compleja situación tenemos múltiples problemas para desplazarnos. Es algo que agradeceríamos a las administraciones competentes, por lo que se nos evitaría dar un considerable numero de vueltas.

Creo que cuando se saca una ley de este tipo; se debe de tener un poquito mas de humanidad, sensibilidad y atención por parte de los Servicios Sociales hacia los beneficiarios, máxime cuando somos personas con limitaciones físicas y por tanto escasa movilidad.

Enrique G Blanco. Febrero de 2010 - (Actualizado en 2011).
Proyecto social pedagógico Abedul.